El arrendamiento de inmuebles es una de las actividades que más han cambiado, y que lo han hecho con mayor velocidad en los últimos tiempos. Esto se debe a los siguientes factores:
- Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México ha dejado de existir, entre muchos otros procedimientos, la Controversia de Arrendamiento Inmobiliario, sustituyéndose por el nuevo Juicio Especial de Arrendamiento Inmobiliario Oral.
- Adicionalmente, la interpretación legal y constitucional hecha por los Tribunales Federales ha cambiado radicalmente las reglas cuando el inmueble objeto de un contrato de arrendamiento está destinado a un uso comercial.
- Del mismo modo, las nuevas interpretaciones hechas por dichos Tribunales vienen limitando algunas de las prácticas más abusivas en los arrendamientos, por considerar que se trata de prácticas violatorias de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano es parte.
Medidas urgentes para los arrendadores
Lo anterior obliga a los arrendadores a tomar las siguientes medidas:
- Actualizar sus contratos de arrendamiento inmobiliario, a fin de incorporar una regulación que responda de manera eficaz a las nuevas reglas del juego, diferenciando los arrendamientos que tienen objeto habitacional y los que tienen objeto comercial.
- Reconsiderar los proveedores de pólizas jurídicas y los servicios incluidos en éstas, así como sus reglas, incorporando una regulación acorde con los cambios más recientes, sin menoscabo de la viabilidad del negocio.
- Asegurarse de contratar abogados con experiencia en las nuevas reglas del juicio oral y, en particular, en las del nuevo Juicio Especial de Arrendamiento Inmobiliario Oral. No es un problema de simple semántica o de uso del lenguaje y las palabras: se trata de una modificación radical del procedimiento aplicable a los juicios en que se discutan asuntos derivados de los contratos de arrendamiento de inmuebles. La falta de actualización y capacitación de los abogados litigantes puede comprometer las acciones y los derechos de sus clientes y, como consecuencia, poner en riesgo su patrimonio y los ingresos que derivan de dichos contratos.
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